Desde
la Junta Interna de ATE - Min. de Economía exigimos derecho a réplica ante una
nota con información maliciosa y confusa publicada por el diario La Nación,
bajo el título “Las designaciones en el Estado se aceleraron un 200% después de
las PASO”. La nota desmiente su propio título, y presta a confusión sobre el
proceso de concursos que se lleva a cabo en muchos organismos, generando un
manto de duda sobre su legitimidad y transparencia: es una fake news. También
se pone en cuestión, sin fundamentos, el trabajo de decenas de miles de
personas muy capacitadas que bajo formas precarizadas sostenemos hoy en día el
funcionamiento del Estado.
1. En la nota indican que han realizado
un análisis sobre el “llamado a concurso y designaciones efectivas (no así a
procedimientos intermedios como órdenes de mérito)”. Un llamado a concursos es
un proceso muy complejo, en donde la inscripción, evaluación de postulantes y
selección puede llevar varios meses, e incluso puede quedar vacante. No se
pueden llamar “designaciones” a los cargos que se publican para ser
concursados.
2.
Es requisito para los concursos el contar con una antigüedad mayor a los 5 o 10
años (según la convocatoria) en la Administración Pública. Es decir que no
estamos frente a un atrincheramiento de militantes, sino a un proceso de
regularización de personal capacitado, idóneo e injustamente precarizado
durante años.
3.
Este tipo de noticias confusas luego se prestan a la utilización política, y la
pagamos quienes trabajamos en el Estado. En el año 2016 el gobierno de Mauricio
Macri realizó una auditoría sobre los concursos, instrumentada por el decreto
254/2015. No fue capaz de mostrar ninguna irregularidad, pero por esa vía se
interrumpió el acceso a la estabilidad en marcha y se avanzó en despidos de
personal capacitado.
4.
La propia nota destaca que este proceso se había iniciado hace tres años, con
una promesa de regularización de 29.000 cargos que, en su gran mayoría,
quedaron vacantes por errores en el proceso de concursos o en la implementación
de los mismos. Esto produjo que menos de la cuarta parte de todos esos cargos
tuvieran designación efectiva. Estas falencias en el proceso de regularización,
que realizada en tiempo y forma hubiera efectivamente solucionado la precaria
relación contractual de gran cantidad de trabajadores y que fueran denunciadas
oportunamente por esta representación gremial, no parecen ser motivos de
análisis para el diario La Nación, no obstante ser el motivo por el cual quedó
el proceso sin concluir en medio del período electoral.
5.
Los trabajadores del Estado somos la primera línea de denuncia de hechos de
corrupción, incumplimiento y limitaciones de políticas públicas, etc. Un
ejemplo de esto es la Junta Interna de ATE Indec, conocida por las denuncias de
la intervención del organismo hace 15 años. La estabilidad en el empleo público
fortalece el rol del personal estatal para denunciar arbitrariedades de los
políticos de turno, y posibilita que un/a trabajador/a con 10, 20 o 30 años de
antigüedad y que cobra un salario inferior a la canasta básica, no quede rehén
de los vaivenes de uno u otro gobierno.
6.
En todos los organismos públicos conviven formas de contratación diferentes que
no garantizan que a igual tarea haya igual remuneración. El estado empleador es
responsable de incumplir las propias normativas que impiden o limitan la
precarización (por ejemplo, en el SINEP, el porcentaje de contrataciones
no-permanentes no puede superar el 15% del personal de planta y alcanza el
247%). Vía contratos de locación, contratos a término, convenios con
universidades u organismos internacionales se vulneran los derechos laborales
básicos para permitir la jerarquización necesaria del empleo público.
7.
En el Convenio Colectivo SINEP el ascenso se establece por medio de concursos.
Sin embargo, luego de 30 años dichos concursos no se hicieron y miles de
personas altamente capacitadas se vieron con un techo en su carrera laboral, ya
que el mismo personal de planta permanente está imposibilitada de ascender en
su carrera, además que desde el SINAPA (antecesor del convenio SINEP) se ha
eliminado incluso el cobro por antigüedad. El proceso de verticalidad,
cuestionado por la nota de La Nación, vino a suplir parcialmente esa enorme
falencia.
8.
El personal de los organismos públicos se encuentra golpeado por la rebaja
salarial que impuso el macrismo desde mediados del 2018 (35%) y continuó con el
actual gobierno. Sostenemos con profesionalismo nuestras tareas, manteniendo la
formación permanente que nuestro convenio exige. Lo hacemos a pesar del
maltrato salarial y contractual del Estado. A pesar de quienes difunden
información falsa, o de políticos que como P. Bullrich hablan de que el Estado
es una “madriguera” o de la nota presentada por J. Milei para suspender los
demorados concursos. Somos les trabajadores del Estado quienes exigimos siempre
transparencia, ingreso vía concursos, y la estabilidad que evite todo
clientelismo. Somos una fuente que debe ser considerada siempre en una nota que
refiera a nuestras tareas.
Junta Interna ATE – Ministerio de Economía
de Nación
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