Desde la Junta
Interna de ATE MECON queremos clarificar información que salió erróneamente
públicada en el diario La Nación el día sábado 23/7/2016, firmada por Maia
Jastreblansky, titulada “Al menos la mitad de los despedidos del Estado nocumplía ninguna función”. Entendemos que la falta de confirmación con otra
fuente -y un título “desafortunado” (por decirlo de alguna manera)- genera una
estigmatización de los trabajadores y trabajadoras estatales. Esa
estigmatización deslegitima los reclamos que estamos llevando adelante contra
los despidos, por salario al menos igual a la canasta familiar, por la
estabilidad laboral que la Constitución estatuye, jardines materno-paternales
en los lugares de trabajo y otras tantas reivindicaciones que este Gobierno y
el anterior no han querido escuchar.
Justificaciones inexactas e incoherentes
Consideramos
importante desagraviar a las y los despedidos, que según la nota en cuestión se
encuadrarían en la “duplicación o ausencia de tareas” en nuestro organismo. Lo
desmentimos categóricamente, ya que las consecuencias de difundir esta
información equivocada perjudican a todos los y las estatales, y a nuestras
luchas en particular.
Quienes han sido despedidos de nuestro ministerio cumplían
tareas y funciones específicas. El número total de
despidos alcanzó los 187 casos, de distintas áreas, formas de contratación y
antigüedad de pertenencia al Estado. Esa supuesta justificación que aduce la
nota no fue esgrimida por las autoridades de este Ministerio en las
innumerables reuniones que tuvimos con sus interlocutores. Aún si hubiera
habido 97 casos “justificados”, bajo esa misma lógica no se explica la cerrazón
de Alfonso Prat Gay para reincorporar a los restantes 90 despedidos. La
interpretación que se deduce de la nota no resiste el menor análisis o una
contrastación de fuentes.
Vale resaltar
que el número de 97 trabajadores/as supuestamente “sin funciones” coincide con
el personal de la Red Territorial del Plan Progresar, despedidos absolutamente
todos/as el 31 de marzo. Este sector completo de trabajo fue dejado sin tareas
en diciembre y al llegar a abril el indicador más medible de sus tareas, la
cantidad de beneficiarios de ese plan en todo el país, se vio reducida en
400.000 jóvenes (pasando de 1.000.000 a 600.000).
Contrataciones de los últimos tres años, fraude
laboral, derechos adquiridos negados
En el texto que
respondemos se abre un manto de duda sobre las contrataciones de los últimos 3
años. Rechazamos ese “enfrentamiento generacional”: somos trabajadores/as quienes
de hecho exigimos una carrera que contemple la estabilidad laboral. El Gobierno
actual no está dando ningún paso en la dirección de proveer un régimen de
ingreso transparente a la administración pública, mantiene los fraudulentos
contratos vía universidades (que se quedan con el 10% de los salarios) y las
contrataciones a término, reñidas con la estabilidad que la Constitución
plantea e incluso con la Ley 25.164 –Ley Marco de Empleo Público- (que acota a
un 15% por organismo a esas modalidades). Incluso la
actual gestión demora la efectivización del ingreso a la carrera de la planta
permanente a 700 compañeros/as que participaron de un concurso público y con
veeduría gremial durante el 2015, violando un derecho adquirido.
¿Ahorro fiscal o gasto en funcionarios?
La nota no
detalla que el supuesto ahorro producido por los despidos es visto compensado
por un tendal de contrataciones a funcionarios con altos salarios (ha habido
resonantes casos en la SSN, SRT e incluso en nuestro organismo, donde se han
contratado varios asesores por $50.000 (es posible conocerlos con el siguiente link)
luego de despedir trabajadores que cobraban $6.000).
¿Evaluación para recontratar o lucha por la
continuidad?
Son erróneos los
números de recontrataciones, que rastreando distintas fuentes de nuestro
sindicato y de diversas asambleas, llegan a más de 2500, subestimando la
capacidad de respuesta de los trabajadores/as y homologando esas
revinculaciones a los únicos casos comprobados de “despidos injustificados”.
No hay buena fé por
parte de la información que difunde el Ministerio de Modernización sobre
la
situación del Estado. Tampoco tenemos confianza alguna en sus
“evaluaciones”
que son secretas y que no hay posibilidad de acceder a ellas (tampoco
para el
periodismo). Es dañino difundir únicamente la versión oficial, con
liviandad y sin información completa sobre esta situación que ha
generado un enorme conflicto protagonizado por miles de trabajadores y
trabajadoras.
Tal como venimos sosteniendo con nuestra práctica
cotidiana, el camino por todos nuestros derechos como trabajadores/as es la
Unidad y Lucha.
